
La alcaldesa de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Soledad Ávila, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra su antecesor en el cargo y actual portavoz del Partido Popular, Sergio Sánchez Yunquera. El escrito solicita la apertura de diligencias por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y revelación de secretos en relación con la designación de un puesto de personal eventual formalizado en julio de 2023.
Según la documentación aportada por la regidora, el nombramiento del cargo de confianza se habría llevado a cabo en contra del criterio de los informes técnicos municipales. En concreto, la denuncia sostiene que la Secretaría municipal advirtió el 4 de julio de 2023 de que la plaza no figuraba en la plantilla presupuestaria y, al día siguiente, Intervención señaló la inexistencia de crédito consignado para hacer frente a las retribuciones. Pese a que el Pleno municipal del 7 de julio condicionó el gasto a la existencia de partida económica y el propio decreto de nombramiento fijaba que no se cobraría hasta disponer de ella, el alta en la Seguridad Social se tramitó el 14 de julio y la primera nómina se abonó en agosto, antes de que el crédito fuera aprobado a finales de ese mes y la plaza regularizada en plantilla en septiembre. Ávila eleva a más de 7.400 euros el importe supuestamente desembolsado con cargo a partidas de personal funcionario. Asimismo, se señala que la persona designada dispuso de credenciales de acceso al gestor de expedientes municipal 22 días antes de formalizarse su nombramiento.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular y exregidor, Sergio Sánchez Yunquera, ha rechazado de plano cualquier relevancia penal en los hechos y ha enmarcado la iniciativa en una estrategia política y electoralista. A través de un comunicado y en declaraciones públicas, la formación popular recuerda que el nombramiento de personal de confianza se sustenta en la Ley de Bases del Régimen Local y fue ratificado por mayoría absoluta en el Pleno del 7 de julio de 2023.
Yunquera subraya que tanto la resolución formal como la tramitación y disposición de nóminas contaron con el visto bueno y la firma de los funcionarios habilitados nacionales (Secretaría e Intervención). Desde las filas populares recalcan que la designación de estos puestos es legalmente libre y discrecional, y argumentan que, de existir algún defecto, este se circunscribiría al ámbito administrativo. Asimismo, el dirigente popular tacha la denuncia de maniobra «a la desesperada» para desviar la atención de la situación judicial de la actual alcaldesa, recordando que las cinco denuncias previas interpuestas contra él por la regidora acabaron archivadas, y asegura que el actual Ejecutivo municipal mantiene contratado a un asesor bajo el mismo procedimiento.








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