Hacienda interviene las cuentas de El Boalo y la interventora prevé un déficit de 450.000 euros pese a congelar partidas de colegios y seguridad

El Ministerio de Hacienda ha impuesto al Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino la adopción obligatoria de un acuerdo de no disponibilidad de créditos por un importe de 273.523,96 euros. La Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial notificó formalmente la resolución, sellada a las 13:45 horas del pasado 13 de julio de 2026, tras comprobar que el Consistorio vulneró la regla de gasto y el principio de estabilidad en la liquidación presupuestaria del ejercicio de 2025. Con ello, la administración local quebrantó el Plan Económico-Financiero 2025-2026 que el propio municipio tenía en vigor desde hacía apenas un año.

La activación del artículo 25.1.a) de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria obliga a la corporación local a aplicar una retención inmediata del gasto en diversas áreas municipales. Entre las partidas afectadas por la inmovilización de fondos figuran más de 53.000 euros asignados a la seguridad ciudadana y la compra de vehículos, 93.500 euros para la conservación de las urbanizaciones, y 19.900 euros previstos para la pavimentación de vías dentro del Plan de Inversión Regional. El tijeretazo también alcanza a los centros escolares de infantil y primaria, a las aportaciones para la Mancomunidad del Noroeste en materia de gestión de residuos y a la adquisición de equipos informáticos.

Pese a la envergadura de este recorte, la interventora municipal ha advertido en un informe técnico de control previo fechado el 15 de septiembre de 2026 de que la medida no frenará el descuadre contable. Según refleja el dictamen, «se prevé que la declaración de no disponibilidad de créditos por el importe del incumplimiento resultará insuficiente para hacer cumplir a la Corporación con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria en la liquidación del presupuesto del año 2026». La estimación de la técnica municipal calcula que la entidad local cerrará el ejercicio de 2026 con una necesidad de financiación de 450.000 euros tras computar los ajustes normativos.

El análisis de la Intervención municipal localiza el origen del problema en un desequilibrio de carácter estructural. La funcionaria remarca que «el presupuesto de ingresos resulta insuficiente para dar cobertura a los gastos en los que, año a año, incurre el Ayuntamiento», por lo que reclama de manera explícita un incremento en los tributos directos y en las tasas y precios públicos de la localidad para compensar el continuado incremento del gasto corriente.

De forma paralela, la técnica ha emitido un segundo informe desfavorable contra una modificación presupuestaria de 69.673,11 euros que el Consistorio pretendía financiar mediante el remanente de tesorería para gastos generales. El documento advierte de que el conjunto de modificaciones presupuestarias tramitadas a lo largo de 2026 arroja ya un impacto acumulado de más de 2,3 millones de euros en la inestabilidad de las cuentas locales y censura la «utilización sistemática de recursos de carácter extraordinario para la financiación de gasto corriente y estructural». Asimismo, la fiscalización señala que la operación desborda los límites fijados por la normativa a la masa salarial y a los complementos de productividad y gratificaciones del personal municipal.