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El PSOE de Torrelodones acusa al Gobierno de “hurtar” al pleno la competencia sobre los precios de los servicios públicos

El Ejecutivo, liderado por Almudena Negro, ha decidido delegar la competencia de establecer o modificar los precios públicos en la Junta de Gobierno. Esta medida, aunque está contemplada en la ley, ha levantado sospechas sobre la falta de transparencia en la gestión de los servicios municipales.

El portavoz del Partido Socialista, Rodrigo Bernal, ha acusado abiertamente a los «populares» de utilizar esta medida para poder modificar los precios públicos «a su antojo y de manera absolutamente opaca a la ciudadanía». Bernal señaló, además, que esta acción del Gobierno supera los bajos niveles de transparencia que en su día el Partido Popular criticó en la gestión anterior.

El Partido Socialista denuncia que esta operación podría ser utilizada para aumentar los precios de servicios fundamentales como el transporte escolar, la escuela infantil, el teatro y las escuelas municipales, sin rendir cuentas a la ciudadanía. Bernal ha afirmado que la “maniobra” busca incrementar los ingresos municipales para cubrir los gastos. El portavoz destaca que, según los informes de la Intervención Municipal, existe un déficit de 4 millones de euros en la financiación y que los ingresos «o salen de recortar servicios, de recortar gastos estructurales o de incrementar la recaudación», acusando de esto último al Gobierno.

Los socialistas también han recordado el incumplimiento de las promesas electorales por parte del Ejecutivo municipal, como la no reducción del Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI) y el posible incremento del Impuesto sobre la Construcción (ICIO), advirtiendo que el aumento de tasas e impuestos indirectos afecta desproporcionadamente a los ciudadanos con menos recursos.

La medida de asumir la competencia de establecer o modificar los precios públicos por parte de la Junta de Gobierno viene tras los rumores de crisis entre la coalición que forman PP y Vox, y que podría estar detrás de la concentración de competencias por parte del Partido Popular ante una posible ruptura entre ambos partidos.