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Ciudadanos desestabiliza el gobierno de Collado Villalba con su propia estrategia sobre el túnel

Concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Collado Villalba | Imagen: Cs C. Villalba

Ciudadanos intenta poner contra las cuerdas al Partido Popular de Collado Villalba y, en consecuencia, al equipo de gobierno municipal. El primer teniente de alcalde, Bernardo Arroyo, ha anunciado que Ciudadanos va a solicitar el inicio de un procedimiento de oficio para revisar el contrato de la obra del túnel y de los aparcamientos de Honorio Lozano y Batalla de Bailén.

Después de conocerse la sentencia sobre el canon correspondiente al año 2019 que obliga al consistorio a su pago, los asesores jurídicos externos contratados por el ayuntamiento elaboraron un informe que, al parecer, habla de la ilegalidad del contrato al tiempo que recomiendan no recurrir esta decisión judicial. Esto es lo que lleva a los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos a presentar esta solicitud que, de partida, puede que no sea admitida, ya que por ley serían necesarios el doble de solicitantes.

«Los concejales de Ciudadanos hemos solicitado un informe al secretario municipal para someter a la consideración del pleno la iniciación de un procedimiento de oficio para la revisión del contrato. Tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos la obligación de llegar hasta el final, no podemos tolerar como representantes públicos que se saqueen las arcas municipales y aquí la única cuestión sea, señores, aquí hay que pagar hasta 2046, esto no es asumible. Si luego resulta que después de haberlo intentado todo tenemos que comernos el pulpo como animal de compañía, habrá que explicar por qué tenemos que comernos el pulpo como animal de compañía», declaró Arroyo en rueda de prensa el martes.

Portada de la última edición impresa de La Voz de la Sierra, con el titular «El empeño de Bernardo Arroyo en no pagar el canon del túnel costará como mínimo 315.000 € al Ayuntamiento de Collado Villalba»

Visiblemente irritado por el titular que publicó La Voz de la Sierra en su última edición impresa, Bernardo Arroyo asegura que esta no es una obsesión. «Nuestros vecinos se merecen que tengamos todas las obsesiones que sean necesarias hasta arreglar esto. Es decir, esto no es una obsesión del concejal de contratación. Esto es una obligación de todos los representantes públicos de este ayuntamiento. Tenemos que clarificar y si hay posibilidad de resolver esto, resolverlo. Y si no hay posibilidad de resolverlo, salir y explicar por qué no hay posibilidad de resolverlo. Pero, desde luego, las cuestiones hay que explicarlas y estamos hablando de 96 millones de euros».

Órdago a la alcaldesa: «luego no hay dinero»

El primer teniente de alcalde desafió públicamente a la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, que ha optado por no recurrir la última sentencia para evitar que los vecinos asuman más intereses y costas. Arroyo evidenciaba su desacuerdo: «Luego no tenemos instalaciones deportivas, luego no tenemos teatro, luego no podemos asfaltar, luego no tenemos un pliego de servicios a la ciudad, luego resulta que no podemos dotar a nuestros mayores de un centro mejor y más dotado. Porque estamos permanentemente con que no tenemos dinero, no tenemos dinero, no tenemos dinero», indica el concejal burlándose del mantra repetido por Vargas.

Lo que no dice Arroyo: su estrategia fallida cuesta 315.000 € en costas e intereses

El edil de contratación (Ciudadanos) ha sido el artífice de la estrategia fallida contra la concesionaria, negándose a realizar los pagos pertinentes y forzando la judicialización del proceso. La demanda de la empresa por el impago del canon correspondiente al año 2019 ha supuesto un coste adicional de 315.000 € para las arcas municipales. La cuantía puede aumentar significativamente en los próximos tiempos con la reclamación de las facturas de años posteriores, que tampoco se han abonado.

La alcaldesa desautoriza a Arroyo

Por todo ello, Mariola Vargas ha desautorizado la estrategia judicial planteada por Arroyo y se niega a recurrir la sentencia, centrándose en lograr la nulidad del contrato y en el expediente de penalidades por los incumplimientos de la concesionaria. Los informes jurídicos del ayuntamiento consideran que estos hechos son suficientes para imponer sanciones.

El exalcalde les invitó a acudir directamente a los tribunales

En una reciente entrevista en SER Madrid Sierra, el anterior alcalde, José Pablo González, invitó al actual gobierno municipal a acudir directamente a los tribunales si dudan de la legalidad del contrato. «Si ustedes consideran que hay alguna circunstancia ilegal en ese contrato, vayan a los tribunales y asuman las consecuencias de lo que digan los jueces».

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