Cierra definitivamente la oficina antiocupación de Collado Villalba «para evitar duplicidades»

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha anunciado la firma de un convenio con la Comunidad de Madrid para la lucha contra la okupación ilegal de viviendas. Este acuerdo pretende sustituir en su cometido a la controvertida oficina municipal antiocupación, que prestó servicio en la antigua Sala de exposiciones de El Pontón.

El gobierno municipal destinó 15.000 euros a este proyecto «pionero», según el propio ejecutivo local, cuya función era el asesoramiento legal a las víctimas de la okupación ilegal. Meses después, Isabel Díaz Ayuso anunció la creación del servicio 112 Ocupación, que ofrece atención inmediata a los propietarios de una vivienda usurpada.

Evitar duplicidades

Ahora, con el fin de evitar duplicidades, el Ayuntamiento ha anunciado que la oficina no volverá a abrir sus puertas, emplazando a los usuarios al nuevo teléfono de la Comunidad de Madrid y anunciando una mayor colaboración con el gobierno regional tras la firma del convenio en octubre.

La okupación fue uno de los temas que abordaron el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, y la alcaldesa, Mariola Vargas, en su reunión del pasado viernes. «No tiene sentido que dupliquemos esfuerzos», ha indicado Vargas para justificar la decisión.

Desahucio de los okupas de la Casa de los Maestros

Ni siquiera los edificios públicos están exentos del problema de okupación que padece el municipio. En junio, varias personas entraron por la fuerza en la antigua Casa de los Maestros, un inmueble del Ayuntamiento situado en la calle Alpedrete. Meses después, los ocupantes continúan residiendo en este edificio de manera ilegal.

El pasado viernes se aprobó en pleno extraordinario la recuperación de estas viviendas. La iniciativa fue respaldada por el equipo de Gobierno (PP, Cs y la concejala no adscrita Diana Barrantes), Vox y MCV Corazón Villalbino. Más Madrid se abstuvo y Unidas por Collado Villalba y PSOE votaron en contra.

Hoy se ha notificado a los moradores que disponen de 24 horas para abandonar las casas okupadas. En caso contrario «se dará parte a la justicia», indica Mariola Vargas.