TORRELODONES.
El ayuntamiento de Torrelodones ha tenido que aclarar en las últimas horas que hasta que termine la situación de crisis sanitaria, los establecimientos abiertos al público están obligados a respetar las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se están determinando por las autoridades sanitarias.
El cumplimiento de estas obligaciones puede conllevar costes adicionales para los empresarios, y se están dando casos a lo largo de toda la geografía nacional en que los comerciantes, hosteleros y otros empesarios están incluyendo en sus facturas, o están valorando incluir, un recargo sobre el precio de los productos que venden o servicios que prestan, de cara a transmitir a sus clientes el total o una parte de esos costes.
De cara a informar a los consumidores y usuarios, y de despejar dudas a los empresarios, hay que recordar lo siguiente:
Las medidas de higiene, desinfección, prevención y acondicionamiento no son meras recomendaciones, sino que constituyen una obligación contemplada en la normativa aprobada con ocasión de la pandemia.
Esas actividades de higiene, desinfección, prevención y acondicionamiento no son servicios sobre los que el consumidor pueda decidir si los quiere o no, precisamente por ser una obligación legal para el dueño del establecimiento o local.
Según lo anterior, si el que vende o presta el servicio decide cobrar a sus clientes, a través de factura, por esas tareas a las que la normativa le obliga a él, les está trasladando una obligación que no les corresponde.
Esta práctica podría ser considerada, entonces, una infracción administrativa en materia de protección de los consumidores y, por tanto, sancionable.
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