La sanción ha sido impuesta por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, tras cuatro amonestaciones y un expediente, por no acometer las obras necesarias para reparar el estado de ruina en el que se encuentra el edificio, declarado Monumento Histórico Artístico en 1930, con la obligación, además, de rehabilitar el edificio. De no ser así podría ser, incluso, expropiado.
La cantidad impuesta asciende a 1000 € mensuales, cantidad máxima establecida en estos casos, hasta que la propiedad “atienda” al requerimiento de este organismo referente a la conservación del inmueble al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC).
De esta manera la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ha cumplido el ultimátum, realizado el año pasado a la propiedad, por el que informaba que si no cumplía con su obligación de rehabilitar y conservar el palacio, le abrirá un expediente sancionador.
Según la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad, “los propietarios o poseedores de bienes del patrimonio de la Comunidad de Madrid tienen el deber genérico de conservarlos y custodiarlos”.
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