PIDEN 10 AÑOS DE INHABILITACIÓN AL EX ALCALDE DE GUADARRAMA Y LAS ROZAS POR PREVARICACIÓN
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PIDEN 10 AÑOS DE INHABILITACIÓN AL EX ALCALDE DE GUADARRAMA Y LAS ROZAS POR PREVARICACIÓN

GUADARRAMA. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para el exalcalde de Guadarrama y de Las Rozas y exconsejero de la Comunidad de Madrid por el PP José Ignacio Fernández Rubio, en relación a las permutas de unos terrenos en el centro del pueblo de Guadarrama cuyo dueño no recibió compensación del Ayuntamiento de Guadarrama.

En 2014, por estos hechos, la magistrada Sara Rodríguez Huertas, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Collado Villalba, impuso al exalcalde una fianza millonaria, 9,2 millones de euros. Una de las más altas en un caso de esta naturaleza y que le fue impuesta para asegurar la posible compensación a los tres herederos del empresario fallecido, Luis Álvarez García, propietario del Grupo Canta, dueño de las parcelas, según explica en un comunicado la acusación particular, que ejerce el abogado José María Garzón.

Esta acusación pide que los tres hijos del empresario perciban una indemnización de 1.769.399,60 euros y otros 7.200.000 euros en concepto de lucro cesante por las cantidades que dejaron de percibir por el contrato que tenían sobre la explotación de un Supercor en relación con las parcelas. Según el abogado, este empresario tenía un solar en pleno centro del pueblo de Guadarrama con una superficie de 9.228 metros cuadrados y dentro tenía edificada una nave.

En 2004 recibió una notificación de la Comunidad de Madrid en la que se le informaba que le iba a ser expropiada la parcela, porque no podía destinarse a uso industrial, y que la nave sería demolida en un plazo de 15 días. Se puso en contacto con el entonces alcalde, Fernández Rubio, para ver qué se podía hacer y llegaron a un acuerdo.

En 2004, firmaron un convenio que consistía en una permuta de uso de los terrenos por el uso de una parcela en los terrenos del futuro polígono industrial que se iba a construir a las afueras y la futura explotación de un espacio comercial. El objetivo del Ayuntamiento era desarrollar urbanísticamente la parcela de la familia Álvarez con la construcción de una plaza de toros y un Supercor, que quedaría en propiedad del empresario, junto con una pequeña parte de los 9.228 metros cuadrados de aparcamientos subterráneos que presumiblemente se construirían.

En 2006, el Ayuntamiento suscribió un contrato a través de la Sociedad Municipal de Vivienda de Guadarrama, contemplando las mismas condiciones porque al consistorio no le había dado tiempo a recalificar. El alcalde llegó al acuerdo de venderle por 484.000 euros dos parcelas, propiedad del Ayuntamiento, en el polígono industrial, cuando se le entregara el local comercial, y el empresario acondicionó las dos parcelas por 250.652 euros.

Tras ser nombrado viceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid en el Gobierno de Esperanza Aguirre, en agosto de 2008 le sucedió en la alcaldía Carmen María Pérez del Molino, también del PP, pero que llegó a confesar que no se hablaba con Fernández rubio.

Pérez Del Molino anuló el convenio aduciendo que existían «ciertas irregularidades» porque el alcalde no tenía poderes para suscribirlo y que tenía que haberlo autorizado el pleno. Para anularlo se acogió a una condición legal que podía suponer su suspensión y es que no se hubiera aprobado el Plan General de Ordenación Urbana.

Según la familia Álvarez, al anularse el contrato fueron desahuciados de las dos parcelas que habían recibido del Ayuntamiento y que habían acondicionado sin que se les compensara.

Tampoco les devolvieron los terrenos del centro del pueblo, ni les indemnizaron por la explotación del local comercial que estaba contemplada.

11 marzo, 2019

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LuisDeLaCalle


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