El Consejo de Ministros ha ordenado este viernes la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha dado a la familia un nuevo plazo de 15 días para que señale un nuevo lugar de inhumación alternativo a la cripta de la catedral de La Almudena, como es la intención de los familiares del dictador pero que el Gobierno no acepta como destino de los restos.
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Fuentes del Ejecutivo han insistido en la «imposibilidad legal» de que el cuerpo sea enterrado en la catedral de la Almudena y recuerdan el informe de la Delegación de Gobierno que apunta a «evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad» si se entierra a Franco en tal emplazamiento.
Un lugar alternativo a la cripta de La Almudena
En su reunión de este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo motivado para decretar la exhumación de Franco del Valle. El acuerdo, sin embargo, no especifica el nuevo lugar del enterramiento para dar una última oportunidad a la familia de elegir una ubicación que no sea la cripta de la catedral madrileña de La Almudena, donde la familia cuenta con unas sepulturas a perpetuidad.
El Gobierno se basa en un informe de la Delegación del Gobierno para rechazar ese emplazamiento, aludiendo a razones de seguridad y orden público, un informe cuya legalidad cuestiona el entorno de la familia Franco. Si transcurrido ese plazo la familia insiste en inhumar los restos en la catedral madrileña o no dan ninguna respuesta unánime, será el Ejecutivo el que tome la decisión final, ha explicado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para lo que será necesario un nuevo Consejo de Ministros.
La ministra Delgado no ha querido aventurar qué pasaría si la familia de Franco eligiera alguna ubicación para los restos de Franco que pudiera causar el rechazo del Gobierno, como el pazo de Meirás, en la provincia de A Coruña, que fue residencia veraniega del dictador y que legó a su familia, aunque sí ha afirmado que el acuerdo prevé todos los escenarios y que los criterios que se atenderán serán la «legalidad», en referencia a la Ley de Memoria Histórica, y el «orden público».
La exhumación de Franco, «responsabilidad histórica» del Gobierno
La ministra ha enmarcado el final del proceso administrativo que comenzó el pasado mes de agosto como una «decisión de Estado» y una «responsabilidad histórica» que asumió el Gobierno de Pedro Sánchez al poco de llegar al poder.
El proceso se inició el pasado verano, mediante un real decreto que el pasado 24 de agosto modificaba la Ley de Memoria Histórica de 2007 modificando un artículo (16.3) de modo que quedaba prohibido «que en el Valle de los Caídos estuviera enterrado nadie que no fuera víctima de la guerra civil», ha subrayado la ministra de Justicia.
Delgado ha destacado que el proceso administrativo, que ha durado más meses de lo previsto, ha sido «difícil» pero ha sido «escrupuloso» y se ha ejecutado «con todas las garantías» para respetar los derechos de todos los interesados, no solo los familiares de Franco.
El entorno de la familia opondrá acciones legales
No obstante, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ya ha advertido al Ejecutivo de que la exhumación del dictador será «ilegal», por lo que ha anunciado que utilizará «todos los medios legales» a su alcance para impedirlo.
En un comunicado, la fundación asegura que la exhumación vulnera el régimen jurídico aplicable al Valle de los Caídos e infringe además el propio procedimiento y el «compromiso» del Gobierno de Pedro Sánchez de que la resolución final sobre el traslado de los restos indicaría dónde se enterrarían de acuerdo al deseo de la familia.
Denuncia la Fundación Franco que la instructora del expediente de exhumación le ha denegado el acceso al informe de la Abogacía del Estado, lo que califica de «falta de transparencia» con las partes interesadas y personadas en dicho procedimiento.
La ministra de Justicia ha señalado que el acuerdo del Gobierno también establece que, aunque el prior de la basílica del Valle de los Caídos se oponga a permitir el acceso para la exhumación de los restos de Franco alegando la inviolabilidad de los lugares de culto, estos «no quedan al margen de la autoridad civil y el Gobierno puede tomar las decisiones que sea necesario».
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